Alcances y consecuencias de un decreto inconsulto (I): Avivir viola el derecho a la propiedad
Escrito por Lorena Quintanilla Muñoz/Foto: Stiven Valecillos
Octubre 24, 2015
La opacidad se cierne sobre el decreto Avivir. Desde un primer anuncio, hecho hace cuatro años aproximadamente, 28 terrenos de la entidad han sido afectados. Apenas un proyecto se levantó, el de la carrera 18 con calle 27, sin embargo, los apartamentos no han sido entregados.
En la más reciente Gaceta Oficial, número 40.753, que circuló el 28 de septiembre de 2015, se oficializó la creación de Áreas Vitales de Vivienda y Residencia que compromete a doce zonas en Barquisimeto, donde se construirán inmuebles con carácter de urgencia. Se trata de 33.170 Mt2 afectados.
La primera zona está ubicada en el municipio Iribarren, en la carrera 21 y 22, entre calles 29 y 30 con una superficie de 4.300 Mt2. En la carrera 17 con calle 23, fueron destinados 1.800 Mt2 para construcción y en la carrera 15 entre calles 24 y 25 dispusieron del lote más grande de terreno que abarca una superficie de 13 mil Mt2.
Las zonas 11 y 12 están ubicadas prácticamente en el centro de la ciudad, específicamente en la carrera 19 con calle 39 y en la carrera 19 entre calles 18 y 19.
Tras el anuncio y según algunos propietarios vulnerados, ciertos ocupantes ilegales, miembros de colectivos, tomarían con armas y pancartas determinados terrenos con el propósito de invadirlos.
Ante esta realidad, representantes de la Red de Instituciones Larenses, aclararon no estar en desacuerdo con la construcción de viviendas, no obstante, expresaron su preocupación en torno al colapso que se produciría en el centro de la ciudad de concretarse el citado decreto. Solamente en el casco central hay seis planteles, privados en su mayoría, y totalmente comprometidos en su capacidad.
Desconocimiento
Julio Alejandro Pérez Graterol, integrante de la Red, desconoce qué razones motivaron al Ejecutivo nacional para afectar el centro de Barquisimeto como un área Avivir.
"Desconocemos si se evaluó la factibilidad del decreto y los servicios públicos”, dijo.
El entrevistado expuso que el decreto no especifica qué tipo de edificaciones se levantarán en la zona o si se ajustan al Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL).
"Aspiramos a que esos inmuebles se apeguen rigurosamente a la planificación urbana”.
Pérez Graterol se pregunta si los nuevos habitantes tendrán garantizados los servicios públicos.
"Vemos muy apresurada la ejecución de este decreto. Surge la necesidad de información porque se afecta una zona que presta el servicio de estacionamiento. Suponemos que buscarán otras alternativas para no afectar a los usuarios que se valen de ese beneficio”.
Deficiencias
Por su parte, José Manuel Alejos, presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara, señaló que este es el tercer decreto en los últimos cuatro años.
En junio, además, hubo nueve afectaciones por resoluciones ministeriales.
"Hay dos declaratorias Avivir y de todos esos terrenos, 28 en total, no se ha entregado la primera vivienda”.
La zona a la cual se refiere el último decreto, además de estar dentro del Casco Histórico, presenta deficiencia de servicios, no está apta para esa serie de desarrollos habitacionales, para atender la demanda y requerimientos de un gran número de familias que se instalarán allí, asegura Alejos.
El decreto, dijo, multiplica la necesidad de servicios. Se necesitarán plazas, parques, escuelas, liceos, centros asistenciales y estacionamientos.
"La única obra que se inició está situada en la carrera 18 con calle 27 y viola toda las disposiciones de la Dirección de Control Urbano, establecidas en la ordenanza del PDUL”, añadió.
Violación
El titular de la Cámara Inmobiliaria sostiene que se viola flagrantemente la densidad habitacional.
"La misma Misión Vivienda no otorga la titularidad, se trata de simples adjudicatarios, lo que deriva en un tema de abundante discrecionalidad por parte del Ejecutivo Nacional. Hay una violación flagrante del derecho a la propiedad, las personas afectadas no pueden disponer de su propiedad, no pueden enajenar ni gravar”, explicó.
Según Alejos se viola el artículo 115 de la Carta Magna que garantiza el derecho a la propiedad y establece la expropiación bajo sentencia firme y pago oportuno.
"Lara es uno de los estados más afectados con el decreto. Sin embargo, no hay un avance en las obras, ni indemnización a los propietarios, hay un impacto severo en la planificación urbana de la ciudad”.
No es la manera de actuar
Alí Almao, secretario ejecutivo de la Cámara de Repuestos, mencionó que la falta de viviendas es evidente, sin embargo, el Estado atropella a los propietarios. "No es la manera de actuar”, acotó.
Con esta decisión, prosiguió, se pasa por encima a la municipalidad, ente encargado de otorgar los permisos para la construcción de viviendas.
"Esto (decreto) viene directamente de Caracas y no sabemos si la intención, en un futuro, es suprimir las alcaldías; política que viene implementando el Gobierno nacional.
"En este último decreto hay una afectación en el Casco Histórico, pese a ser una Zona de Valor Histórico, dispuesto así por el Ejecutivo nacional. Algo totalmente incomprensible. Se irrespeta y cercena un área patrimonial, así como la propiedad privada, no saben qué hacer y se toman terrenos a la ligera”.
Sensatez
Maximiliano Pérez, miembro de la Red de Instituciones Larenses, indicó que los desarrollos habitacionales que se pretenden realizar quebrantan los derechos públicos y privados de las personas que habitan la zona.
"Se planifica la creación de viviendas sobre áreas que están en extrema gravedad en cuanto a la prestación de servicios de electricidad, cloacas, agua potable, transporte, etc”.
Recordó que en el pasado se satisfacían estas demandas sin perjudicar a los demás ciudadanos. Añadió que la urbanización Fundalara, por ejemplo, se levantó sin vulnerar los derechos de nadie.
"Solicitamos un llamado a la sensatez a fin de que los entes encargados de solucionar el déficit habitacional, se apeguen por completo a la Constitución de la República y a las leyes existentes, incluso a normas y tratados internacionales”.
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