EL IMPULSO.COM
miércoles, 4 de diciembre de 2013
Red de
Instituciones rechaza persecución contra empresarios
Escrito por RAL/Foto: Archivo
La Red de Instituciones Larenses
(RIL) mediante un comunicado dirigido a este periódico expone su punto de vista
sobre las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional, lo cual
golpea al sector comercial e industrial, principal empleador en Venezuela.
La RIL, en representación de cámaras
empresariales, gremios profesionales, organizaciones civiles, sindicatos e
institutos educacionales, entre otros, indica que debido a la contracción que
atraviesa la industria venezolana, es el sector comercio el que genera la mayor
cantidad de puestos de trabajo, soporta la mayor carga fiscal por sus
contribuciones al sector impositivo nacional.
Resalta que estas contribuciones
corresponden a impuestos directos e indirectos como el IVA, impuesto sobre la
renta, impuestos municipales, contribuciones laborales, seguro social, régimen
prestacional de vivienda y hábitat, Inces, Ley Orgánica de Drogas, Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Ley de Discapacidad,
responsabilidad social y Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología.
Subraya el mensaje de la RIL que la
peor de todas es la inflación, generada principalmente por las políticas
erradas, más que por la especulación misma.
Indica que es en estas condiciones
cuando el sector privado tiene que competir con los productos importados que
excluyen de su estructura de costos todos los impuestos accesorios, más los
directos como vivienda y laborales, entre otros.
La RIL afirma que el sector
productivo está dispuesto a sufrir controles y sanciones si el Gobierno aplica
la ley con su máximo rigor, siempre y cuando ello corresponda a un plan
suficientemente conocido para evitar la aplicación de la ley, de forma
arbitraria, con abusos de funcionarios encargados de su aplicación.
Le preocupa a este órgano
institucional que motivado a los excesivos controles se haya incrementado la
economía informal, que por el contrario, no es objeto de ningún tipo de
controles, ni sanitarios ni fiscales, ni de protección al consumidor, afectando
siempre a éste.
El Instituto Nacional de Estadística,
a través de su presidencia, da muestra que el 43% de masa laboral se desempeña
dentro del sector informal.
Precisa que los imponderables costos
transaccionales como las comisiones y retardos burocráticos son responsabilidad
del Gobierno y supuestamente constituyen impuestos indirectos.
El RIL puntualiza que la
fiscalización en los diferentes comercios ha sido discrecional, ya que deja a
criterio del funcionario el establecimiento o calificación de las conductas del
ciudadano que pueden ser infractoras y en consecuencia sancionadas, lo cual lo
ha convertido en un procedimiento confiscatorio y controlador más protector del
orden económico.
Estima que las recientes medidas
frenarán el crecimiento de la inversión y de la oferta, por lo tanto, no
beneficiará al consumidor.
Además, rechaza la
incongruencia del Gobierno nacional de meter presos a los comerciantes, si las
cárceles están hacinadas, inclusive, para delincuentes de alta peligrosidad
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