MENSAJE DE LA RED DE INSTITUCIONES LARENSES
A LOS VENEZOLANOS Y MUY ESPECIALMENTE AL PUEBLO LARENSE…
La “RED DE INSTITUCIONES LARENSES” organización que ha llegado a agrupar
a más de cincuenta y tres instituciones del estado Lara, en el marco del
pensamiento plural, apolítico partidista; Cámaras empresariales, gremios
profesionales, gremios agropecuarios, organizaciones civiles, sindicatos,
institutos educacionales, organizaciones comunitarias entre otros, en momentos tan importantes para la
ciudadanía, hace un llamado a todos los larenses:
Foto cortesía de Don Alberto Gallegos
Sabida la contracción por la cual
atraviesa la industria venezolana, es el sector comercio el que genera la mayor
cantidad de puestos de trabajo y quien soporta la mayor carga fiscal con sus
aportes y contribuciones al sector impositivo nacional dividido entre impuestos
directos e indirectos como el IVA, Impuesto sobre la renta, Impuestos
Municipales, Contribuciones laborales , Seguro social, Régimen
Prestacional de vivienda y hábitat,
INCES, Ley orgánica de Drogas, Lopcymat,
Ley de discapacidad, responsabilidad
social, Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología y la “INFLACIÓN”: el peor de
todos, la cual es generada mucho más por las políticas erradas, que por la
especulación misma.
Es en estas condiciones que el
sector privado tiene que competir con los productos importados, que obviamente
excluyen de su estructura de costos todos los impuestos accesorios, más los
directos como: Vivienda, Inces, laborales, etc.
Los
imponderables costos transaccionales como son las comisiones y retardos
burocráticos son responsabilidad del gobierno y supuestamente constituyen
impuestos indirectos que se reflejan en los costos finales de los bienes, sin
incluir las cuantiosas pérdidas que sufren todos por los intermitentes y
largas suspensiones de luz eléctrica.
Hasta ahora, debido a los
excesivos controles ha habido un incremento preocupante del sector informal de
la economía, en el cual por el contrario no existen controles algunos, ni
sanitarios, ni fiscales, ni de
protección al consumidor, afectando siempre a éste. Según cifras dadas por el Presidente del
Instituto Nacional de Estadística el 43% de nuestra masa laboral se desempeña
dentro del sector informal.
La fiscalización en los diferentes lugares comerciales ha sido discrecional, ya
que deja a criterio del funcionario el establecimiento o calificación de las
conductas del ciudadano que puedan ser infractoras y en consecuencia
sancionadas, lo cual lo ha convertido en un procedimiento confiscatorio y
controlador más que protector del orden económico.
Se estima que con las recientes
medidas se frenará el crecimiento de la inversión y de la oferta, por lo tanto,
no beneficiará al consumidor
Por otra parte, es inapropiado e incongruente que existiendo
hacinamiento en las cárceles y el Estado no puede mantener presos a
delincuentes de alta peligrosidad, se abra la posibilidad que cualquier
comerciante o prestador de servicios
pueda ser enviado a la cárcel por prácticas económicas tal vez ilícitas, más no delictivas.
Creemos que las autoridades deben
explicarle a los ciudadanos como es posible que existiendo una larga lista de
regulaciones, controles, trámites y registros que debe llevar todo empresario o
comerciante, grandes, medianos o pequeños, es ahora cuando descubren que
existen algunos especuladores.
La Ley de Precios Justos se suma
al ya intrincando número de textos legales aplicables a la actividad económica,
la mayoría de ellos con establecimiento de impuestos, multas, contribuciones y
sanciones como el cierre del local.
Se agrega la recién dictada Ley del Deporte, la cual
prevé un aporte del 1% de la renta para un fondo del deporte, lo cual es
loable, salvo que este fondo será manejado solo por el oficialismo.
No se cuestiona la facultad y el
deber que tiene el Estado de regular la actividad privada, sino el exceso de
control, la multiplicidad de organismos públicos fiscalizadores y la tendencia
a la creación de subsistemas contributivos ya que en algunos casos el dinero es
recaudado por diferentes entes públicos.
Ello atenta contra la unidad del tesoro nacional con las consecuencias
no convenientes para las finanzas públicas.
Los controles gubernamentales por si solo lo que hacen es agravar los
problemas. Este gobierno tiene casi 10 años con control de precios y tenemos
situaciones espasmódicas en el abastecimiento, una inflación acumulada de las
más altas del mundo. En lo que va de año tenemos una inflación superior a la
del año pasado. Hay coincidencia entre
el establecimiento de controles y el aumento de los índices de inflación,
desabastecimiento y especulación.
Las consecuencias inmediatas que se avizoran serán:
- Mayor dependencia de las importaciones por parte del sector público.
- Auge de la informalidad en la comercialización para evadir las
regulaciones y controles, con el agravante que el 55% del sobreprecio en los
bienes corresponde al sector informal.
Según las cifras de la Cámara Venezolana de Alimentos
(CAVIDEA), la importación de alimentos se ha incrementado en más de 13 millardos de dólares y ello
precisamente debido a los controles que han frenado la producción nacional.
Proponemos como Alternativas:
-
Acción conjunta entre el sector público, comerciantes
y los productores de bienes y servicios para combatir el desabastecimiento y la
especulación.
-
Dictar el reglamento de la ley de costos y precios justos,
estratificando y clasificando los sectores de producción y comercialización,
-
Utilizar la base de datos que posee el Seniat como
único registro de la actividad privada, ya que todos debemos estar inscritos en
el Registro de Información Fiscal tanto para ejercer el comercio, la industria
o prestar cualquier servicio. Por tanto se hace innecesario crear un nuevo
registro.
-
Establecer reglas claras, menos punitivas para crear clima de confianza y no restringir la
posibilidad de nuevas inversiones nacionales
e internacionales.
De mantenerse los controles en los mismos términos previstos se desincentivará la oferta de bienes y
servicios, con la afectación progresiva a la ya debilitada calidad de vida de
los venezolanos.
Finalmente y ante el proceso
electoral, que culmina el próximo domingo 8 de diciembre, queremos plantearle a los candidatos a Alcaldes y
concejales de los diferentes Municipios, nos permitan participar en la determinación de criterios para la elaboración de
políticas públicas que estén directamente relacionadas con las diversas
actividades de las instituciones integrantes de esta red, trabajar
mancomunadamente con las comunidades y el equipo de gobierno municipal, en la
elaboración de los presupuestos a fin
que juntos rescatemos a Barquisimeto y sus ciudades vecinas como la capital del
Desarrollo.
Así mismo hacemos un llamado a
votar masivamente por los candidatos de su preferencia. El mayor de los deberes
y de los derechos que nos otorga la democracia es el voto. Por tanto, debemos
ejecutarlo de manera consciente; signado por la razón y la sensatez… ¡En nuestras manos está el futuro de la
Patria!
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