EL IMPULSO 24-2-16
ONG apoyan a víctimas de guardias del pueblo
Gremios de Lara exponen su preocupación por la vulneración constante del debido proceso a ciudadanos, en el marco de la violación de los derechos socioeconómicos, que en los últimos años ha sido criminalizado por el Estado venezolano.
Representantes de las organizaciones no gubernamentales Movimiento Vinotinto y la Red de Instituciones Larenses se pronunciaron en su momento por la forma en que se manejó el caso de los detenidos en el Mercal de Chirgua, cuando el pasado 11 de febrero se registró una situación irregular con fucionarios de la Guardia del Pueblo.
Manuel Virguez, director del Movimiento Vinotinto, explicó que al principio en el país, la criminalización de los derechos socioeconómicos se daba en el plano comercial y empresarial cuando salió la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos. Pero hace un año y medio, cuando celebraron un foro en la UCLA con la presencia de la exmagistrada Cecilia Sosa, se alertó a la población de que la represión iba a recrudecer en el plano de los consumidores.
Recordó que su advertencia se cumplió en Chirgua, cuando se detuvieron a las siete personas: un adolescente y el resto fue juzgado por la jurisdicción penal militar. “Hay una situación de vulneración de debido proceso por cuanto en ningún momento tuvieron posibilidad de comunicarse con sus familiares ni defensores. También se violó el acceso a la jurisdicción natural, porque ningún civil puede ser juzgado ante una jurisdicción militar; así lo establece el artículo 49 de la Constitución, ordinal cuarto. Además que hay sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que hace énfasis en el tema”.
Virguez dijo que los detenidos fueron sometidos a “tratos inhumanos y degradantes durante la detención”.
Hace unos días, recordó, se emitió un comunicado en el que se refleja la situación de violencia para adquirir comida. Es una situación que pudiera agravarse y casos como el del Mercal de Chirgua pudiera repetirse en todo el país.
Aseguró que el Estado cuando ejerce la función penal, lo hace para ejemplarizar y tipificar una acción prohibida, pero la sociedad venezolana tiene un problema que “es la falta de alimentos ni medicinas. La situación de desesperación de las personas en las colas, se hace denotar mucho más cuando funcionarios no están capacitados para atender este tipo de acciones. Por eso, en los operativos los miliatres de valen de su condición para ejercer medidas”.
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